El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador contra Airbnb, por favorecer y llevar a cabo prácticas ilícitas en el sector del alquiler turístico en España. A pesar de las reiteradas advertencias, la plataforma ha mantenido miles de anuncios de pisos turísticos sin la licencia correspondiente, infringiendo la normativa vigente y desobedeciendo los requerimientos de las autoridades competentes.
La presunta actividad ilegal de Airbnb, además del daño que toda infracción a la Ley genera por sí misma al Estado de Derecho, contribuye de forma decisiva a agravar la problemática del intrusismo en el sector turístico. La proliferación de alojamientos ilegales distorsiona el mercado residencial, crea competencia desleal y puede comprometer la calidad y seguridad de la oferta turística. Además, contribuye al encarecimiento y escasez de viviendas disponibles para alquiler residencial, exacerbando la crisis habitacional que afecta a numerosas ciudades españolas y en particular a las Islas Baleares.
La presunta actividad ilegal de Airbnb contribuye de forma decisiva a agravar la problemática del intrusismo en el sector turístico
Ante esta realidad gravemente perniciosa, es crucial que las autoridades adopten medidas contundentes para frenar estas prácticas. La imposición de sanciones ejemplares a plataformas que incumplen la ley debe ser una prioridad, garantizando que las multas sean proporcionales al daño causado y suficientemente disuasorias para evitar futuras infracciones. Asimismo, es esencial reforzar la colaboración entre administraciones públicas y plataformas digitales para asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a consumidores y empresas.
Si plataformas como Airbnb persisten en su actitud de desobediencia y reincidencia en la ilegalidad, las autoridades no deben descartar medidas más drásticas, incluyendo la suspensión de sus actividades en el territorio nacional. La ley debe aplicarse con firmeza, sin excepciones, para salvaguardar el interés público y la integridad del mercado inmobiliario y turístico.
Es momento de actuar con determinación para erradicar las prácticas ilícitas en el alquiler turístico. Solo a través de una regulación estricta y una vigilancia efectiva se podrá garantizar un equilibrio justo entre la oferta turística y el derecho a una vivienda digna, pilares fundamentales para el bienestar económico y social de España.
